Los derechos humanos
sólo alcanzan plena realidad jurídica cuando, aunque el Estado posea el
monopolio del poder, ninguna persona, instancia u órgano estatal posee un poder
ilimitado…
Otfried Höffe
A lo largo
de la historia, encontramos ideas que, desde distintos enfoques, pretenden
determinar si las acciones realizadas por quienes dirigen un Estado son beneficiosas
o, al contrario, perjudiciales. En efecto, los criterios empleados para evaluar
el desempeño de autoridades y regímenes son diversos, tornando complejo el
consenso al respecto. Poco interesa que, basado en una ideología, alguien
hubiese anunciado el fin del debate. Sucede que las virtudes identificadas por
una doctrina política podrían ser también, para otras personas, evidencias
claras de su brutalidad. Sin embargo, aunque se reconozcan numerosas opiniones
en ese ámbito, podemos establecer una medida capaz de proporcionarnos lo que
precisamos para llevar a cabo esa crítica del poder: los derechos humanos. Gran
parte de la importante obra del filósofo Carlos Nino transita por este camino.
Los derechos humanos se constituyen en el mejor criterio
que puede usarse para juzgar al Gobierno. Su relevancia se explica por el lazo
indisociable que tiene con la dignidad, en donde hallamos su fundamento más
firme. Si no se mantienen las formas que permiten la existencia de personas en
condiciones dignas, dejándolas sin libertad, careciendo de la protección del
Estado frente a los abusos, privadas de elegir a sus representantes en un
ambiente plural, entre otras, es imposible concluir que nos encontremos ante
una situación óptima. Por ello, si el progreso tuviese hoy un significado
concreto en el terreno de la política, éste no podría ser otro que el respeto a
esas facultades.
Con Derechos humanos
y Proceso de Cambio, Luis Yañez Valdez, abogado y docente, nos entrega un libro
que se enmarca en el contexto descrito arriba. Él analizó los primeros diez
años del régimen que preside Juan Evo Morales Ayma desde un punto de vista que,
con acierto, está exento de posturas ideológicas. Es innegable que, recurriendo
a cualquier corriente de pensamiento político, un hombre podría manifestarse
acerca de la década que ya lleva ese partido en el poder. Sería absurdo vetar
esa posibilidad, cuya vigencia es viable gracias a la libertad de expresión.
Con todo, ampararse en los derechos humanos implica asumir una postura que,
salvo excepciones, la comunidad internacional cree justa. Por lo tanto, no es
una labor de propaganda antigubernamental, sino un estudio que, aunque resulte
incómodo para algunos círculos, procura ser objetivo, propio de alguien con
apego a la verdad.
Cada uno de los casos estudiados por Luis no deja sitio
para la confusión: el proceso de cambio dista mucho de tener una relación
ejemplar con los derechos humanos. Es indistinto que sus máximas autoridades
hayan proclamado en diferentes escenarios, tanto nacionales como extranjeros,
su respeto por los derechos y garantías consagrados en pactos, convenios o la
Constitución. Los hechos acaecidos durante todo este tiempo sirven para
evidenciar lo contrario. Desde luego, no basta con denunciar que se han
perpetrado esas violaciones ni, por otro lado, percatarse de aquello; es asimismo
necesario que opere un cambio de carácter cultural. Nadie nos garantiza que
allí donde se cometieron esa clase de abusos, pasado un tiempo, éstos vuelvan a
producirse. Quienes pueden evitar esta terrible repetición son los ciudadanos,
adoptando valores, principios e ideales que sean radicalmente incompatibles con
proyectos políticos que tengan esos fines. En este sentido, una obra como la
que comento se convierte en un instrumento de pedagogía ciudadana.
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