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- Escucho el clamoreo que demanda la punición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante. Frente a la embajada estadounidense, los activistas profieren dicterios y consuman evacuaciones para que nadie ignore su enfado. La cólera ha sido despertada por el asilo que concedió Estados Unidos a Carlos Sánchez Berzaín, símbolo del rigor gubernamental, avilantez hecha burócrata. Otra vez, según los que dirigen la muchedumbre, el imperio yanqui obró a satisfacción de sus mercenarios, individuos colocados en el Tercer Mundo con una misión específica: garantizar que los recursos naturales sigan siendo expoliados a favor del capitalismo anglosajón. Confieso no haberme creído esta fantasía narrada por izquierdistas que procrean falsedades porque saben cuán destruibles son sus planteos ideológicos. Respecto a lo acaecido en octubre del año 2003, mi dictamen es antitético, tan políticamente incorrecto como destacar la ignorancia o el amaneramiento de los gobernantes.
El romanticismo de algunos historiadores pretende que se rechacen los juicios favorables al último Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Leyendo las crónicas diseñadas por quienes apoyan hoy al oficialismo, uno podría concluir que los movimientos sociales mantuvieron una inocencia, mansedumbre y cortesía ejemplares mientras transcurría aquel celebérrimo mes. Como la paranoia posmodernista ha revelado a un sistema que disciplina al individuo para beneficio del poder, cualquier subversión se considera elogiable; por ende, las represiones gubernativas son injustificables, salvo si persistimos en la esclavización de los bloques populares. Teniendo en cuenta esta tergiversación, el tropel aindiado nunca será responsable de perpetrar delitos que violenten la seguridad del Estado; ellos, ángeles terrícolas, irradian solamente benevolencia, actúan estimulados por el amor al prójimo, entregan sonrisas ante las reprimendas del contrario.
Pero, aunque les parezca vituperable, conviene rebatir sus acusaciones. Yo no acepto que la demagogia baste para condenar a un gobernante por las tareas desarrolladas durante su gestión. Si bien los terroristas de ayer pueden ser los mandatarios del presente, el comportamiento delictivo no debe legitimarse porque la inestabilidad política sería inacabable. El orden público nos da las condiciones necesarias para realizar nuestras actividades sin que nos aprehenda el temor o la incertidumbre. El respeto a las normas se refleja en el vigor de la institucionalidad, lo cual sirve a todos los ciudadanos. Ello vuelve necesario, preceptivo, contar con órganos que se ocupen de sancionar las arbitrariedades, crímenes y conductas anárquicas. La víctima puede ser una persona natural o jurídica; el beneficiario, los humanos que desean vivir en paz.
El Tribunal Constitucional concibe al debido proceso como el derecho que tiene toda persona a “un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar”. Conocida esta precisión jurisprudencial, nadie podría sostener que Sánchez de Lozada y sus ministros tienen asegurada una tramitación en la cual sus garantías constitucionales, incluida la presunción de inocencia, sean respetadas con rigurosidad. Rezumando candidez, admito la posibilidad de que haya magistrados probos, funcionarios capaces del juzgamiento más impecable; empero, el régimen Morales Ayma ya nos ha dado pruebas bastante contundentes de la repulsión que le provocan esos falladores. Estando así el panorama, para perjuicio de la Historia, ningún sujeto racional respaldaría los ajusticiamientos (no procesos judiciales) del Gobierno Nacional que fue derrocado por quienes exigen actualmente venerar la Constitución.
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¡Justicia!