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Desde su entronización en suelo andino, Juan Evo Morales Ayma no ha cumplido el juramento que le ordena, bajo amenaza de castigo jurídico y amonestación divina, respetar la Ley. Los principios del Estado democrático-constitucional de Derecho son fustigados, a menudo, por dictados presidenciales. Procurando asolar aquellas instituciones edificadas para mantener un orden racional, segar bacanales absolutistas e impedir arbitrariedades burocráticas, se prohíja cualquier actuación que tonifique al régimen. Así, la violencia militar, policial o miliciana consigue su beneplácito. Como ganaron los comicios generales, ellos, marxistas pedestres, desean obtener todo el poder, sin candores ni finuras.
Tributarios del caudillismo, los masistas defienden que su líder se ubique por encima de las normas convencionales. Como el andamiaje político-institucional vigente habría sido diseñado para excluir a los ‘desposeídos’, se cohonestan transgresiones a la soberanía popular, el principio de legalidad, la división de poderes, la jerarquía normativa, la supremacía del articulado constitucional, la seguridad jurídica, la reserva legal, la responsabilidad del Estado, entre otros lineamientos que guarecen valores universales (dignidad humana, libertad, igualdad y justicia social). En síntesis, aquellas piaras alimentadas con recursos estatales no quieren reglas civilizadas, sino tiranos de pacotilla.
En Sucre, las convicciones democráticas fueron pulverizadas por la intolerancia del Gobierno. Refractario al acatamiento de los preceptos legales, el oficialismo aprobó una Constitución que sacia pretensiones colectivistas, autoritarias, totalitarias e indigenistas. Quienes censuraron esta calamidad se toparon con el histórico expediente del zurdismo: atentar contra la vida. Siendo los muertos simples dígitos que deben atribuírsele al capitalismo, la izquierda menosprecia esas denuncias si no provienen de grupos siniestros. Este desdén se refleja cuando, mientras sus víctimas permanecen aún fuera del cementerio, el partido gobernante sugiere que la nueva normativa sea festejada con crápulas de diversa laya. No puedo pensar en una combinación menos deletérea que aquélla donde convergen el odio, la soberbia y un cerebro microscópico.
Luego de las occisiones que se consumaron durante la presente gestión gubernamental, no debe quedar ninguna duda sobre sus pruritos antidemocráticos. Evocando una disquisición del vicepresidente García Linera, es correcto asegurar que Bolivia está bifurcada. Con claror, dos proyectos antitéticos nos ofrecen una disyuntiva: libertad o autoritarismo, es decir, Estado de Derecho o dictadura populista. El consenso es quimérico; las divergencias, insolubles. En este contexto, las palabras de Agustín Saavedra Weise muestran una brillantez singular: “…el querer imponer la voluntad propia a como dé lugar, siempre será fuente de problemas, hasta en los hogares particulares. Ni hablar si se trata de un estado nacional contemporáneo. Pero reitero: una cosa es el caprichoso uso del poder; otra cosa su sabio y prudente uso”.
Comentando la rustiquez de Mariano Melgarejo Valencia, el escritor José Ignacio García Hamilton vierte una crítica que, por culpa del MAS, sigue teniendo validez entre los bolivianos: “El regocijo general de los complacientes circunstantes era sin duda una elocuente manifestación del atraso político y cultural de una sociedad que todavía hoy no sabe vivir dentro de la ley, cuyo respeto irrestricto es uno de los signos más claros de civilización”. El destino nos interpela para cambiar esta realidad; lo futuro, arcano pero cierto, denostará a los exclusivistas del Gobierno y compondrá panegíricos en memoria de quien guerreó contra sus miasmas dictatoriales.
Tributarios del caudillismo, los masistas defienden que su líder se ubique por encima de las normas convencionales. Como el andamiaje político-institucional vigente habría sido diseñado para excluir a los ‘desposeídos’, se cohonestan transgresiones a la soberanía popular, el principio de legalidad, la división de poderes, la jerarquía normativa, la supremacía del articulado constitucional, la seguridad jurídica, la reserva legal, la responsabilidad del Estado, entre otros lineamientos que guarecen valores universales (dignidad humana, libertad, igualdad y justicia social). En síntesis, aquellas piaras alimentadas con recursos estatales no quieren reglas civilizadas, sino tiranos de pacotilla.
En Sucre, las convicciones democráticas fueron pulverizadas por la intolerancia del Gobierno. Refractario al acatamiento de los preceptos legales, el oficialismo aprobó una Constitución que sacia pretensiones colectivistas, autoritarias, totalitarias e indigenistas. Quienes censuraron esta calamidad se toparon con el histórico expediente del zurdismo: atentar contra la vida. Siendo los muertos simples dígitos que deben atribuírsele al capitalismo, la izquierda menosprecia esas denuncias si no provienen de grupos siniestros. Este desdén se refleja cuando, mientras sus víctimas permanecen aún fuera del cementerio, el partido gobernante sugiere que la nueva normativa sea festejada con crápulas de diversa laya. No puedo pensar en una combinación menos deletérea que aquélla donde convergen el odio, la soberbia y un cerebro microscópico.
Luego de las occisiones que se consumaron durante la presente gestión gubernamental, no debe quedar ninguna duda sobre sus pruritos antidemocráticos. Evocando una disquisición del vicepresidente García Linera, es correcto asegurar que Bolivia está bifurcada. Con claror, dos proyectos antitéticos nos ofrecen una disyuntiva: libertad o autoritarismo, es decir, Estado de Derecho o dictadura populista. El consenso es quimérico; las divergencias, insolubles. En este contexto, las palabras de Agustín Saavedra Weise muestran una brillantez singular: “…el querer imponer la voluntad propia a como dé lugar, siempre será fuente de problemas, hasta en los hogares particulares. Ni hablar si se trata de un estado nacional contemporáneo. Pero reitero: una cosa es el caprichoso uso del poder; otra cosa su sabio y prudente uso”.
Comentando la rustiquez de Mariano Melgarejo Valencia, el escritor José Ignacio García Hamilton vierte una crítica que, por culpa del MAS, sigue teniendo validez entre los bolivianos: “El regocijo general de los complacientes circunstantes era sin duda una elocuente manifestación del atraso político y cultural de una sociedad que todavía hoy no sabe vivir dentro de la ley, cuyo respeto irrestricto es uno de los signos más claros de civilización”. El destino nos interpela para cambiar esta realidad; lo futuro, arcano pero cierto, denostará a los exclusivistas del Gobierno y compondrá panegíricos en memoria de quien guerreó contra sus miasmas dictatoriales.
Nota fotográfica. La imagen que ilustra el texto fue tomada del periódico El Deber (edición del día 25 de noviembre de 2007).
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Comentarios
Saludos para vos
Columba
Me hace sentir verguenza de la izquierda.
La política es para gente que da la cara por lo que piensa. Tirar la piedra y esconder la mano es propio de los amantes del chisme. Para ellos ya están las revistas de sociales y farándula.